Recientemente, diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el cierre de la Causa Mendoza, un caso que representa un grave retroceso en la protección de los derechos fundamentales en Argentina.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) de finalizar sin consulta la supervisión del caso de la Cuenca Matanza-Riachuelo ha suscitado una reacción internacional. Esta acción ha sido considerada una violación de derechos humanos, afectando a comunidades que ya enfrentan problemas severos de contaminación y falta de acceso a recursos básicos.
Denuncia Internacional por Violaciones de Derechos Humanos
El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires (MPD), junto a varias organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), han solicitado a la CIDH que intervenga ante lo que consideran una violación grave de derechos fundamentales. Estas entidades argumentan que el cierre de la causa afecta el derecho a un ambiente sano, al agua, al aire limpio, a la salud y a una vivienda digna.
Según las organizaciones, esta decisión no solo ignora las necesidades de las comunidades afectadas, sino que también socava las garantías judiciales necesarias para proteger a quienes viven en áreas contaminadas. Esa decisión viola derechos a un ambiente sano, al agua y a la salud, afirman.
El Reclamo Ante la OEA
En su presentación ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), las organizaciones denunciantes han exigido que el Estado argentino adopte medidas concretas para garantizar estos derechos. También han solicitado medidas cautelares para proteger urgentemente la salud de quienes residen en las zonas contaminadas.
En 2008, la misma Corte Suprema dictó una sentencia que ordenaba al Estado, a la Provincia de Buenos Aires y a la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) reparar el daño ambiental y asegurar condiciones de vida dignas a las personas expuestas a residuos tóxicos. Sin embargo, tras 16 años, la CSJN decidió dar por concluido su seguimiento sin haber cumplido muchas de las obligaciones impuestas.
Situación Actual en CABA y Provincia de Buenos Aires
Desde el cierre de la causa, ACUMAR ha reconocido que solo se ha concretado el 42% de las soluciones habitacionales necesarias. La falta de relocalizaciones y obras de urbanización afecta a comunidades vulnerables, donde más de 700 familias en la Villa 21-24 y otras zonas siguen sin recibir ayuda.
En la Provincia de Buenos Aires, la situación es igualmente preocupante, ya que la cobertura del servicio cloacal apenas alcanza el 56%. Además, el desfinanciamiento de organismos encargados de implementar políticas de saneamiento pone en riesgo la continuidad de las acciones necesarias para mejorar las condiciones de vida en la región.
Un Llamado a la Acción
Ante este panorama, las organizaciones han instado a la CIDH a restablecer la ejecución de la sentencia de 2008, buscando garantizar los derechos humanos y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Es crucial que se tomen medidas efectivas para abordar esta crisis ambiental y social que afecta a miles de personas.
La lucha por los derechos humanos y el medio ambiente es un compromiso de todos. Mantente informado y comparte esta información para crear conciencia sobre la importancia de garantizar un futuro sostenible y justo para todas las comunidades afectadas.
